Reducir el tiempo para que los ayuntamientos puedan empezar antes las obras que necesitan. Ese es el objetivo principal del cambio que ha introducido la Diputación de València en el plan de inversiones para 2017. Ese y el nombre, ya que el antiguo Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) pasará a llamarse Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM). A través de este programa se repartirán 34 millones de euros entre 264 municipios valencianos, prácticamente la totalidad (quedan excluidos los de más de 50.000 habitantes, como València, Gandia o Torrent).

La principal modificación respecto al sistema anterior radica en que se ha eliminado la supervisión previa de la corporación provincial de cada proyecto de obra que solicitan los ayuntamientos. Con el método anterior, se tardaba una media de entre nueve y diez meses desde que el consistorio pedía a la diputación que le subvencionara el plan hasta que finalmente se podían poner en marcha los trabajos, señalaron a este periódico fuentes de la institución. Con la eliminación de este trámite preliminar, se espera que la media de espera baje unos cuatro o cinco meses.

«Se trata de creerse aquello de que los consistorios son mayores de edad y son responsables», indicó el presidente de la diputación, el socialista Jorge Rodríguez. Esto no significa que no vaya a haber una supervisión de lo que se paga con dinero de la diputación.

Según las mismas fuentes, la inspección, en vez de hacerse a priori, se hará una vez ya se hayan ejecutado las obras. Como ejemplo para implantar este nuevo sistema, la corporación se ha basado en el Plan de Inversiones Sostenibles, cuyo funcionamiento es el mismo. Primero, los municipios reciben el dinero y realizan las obras, y después son inspeccionadas por los técnicos de la corporación. Con este modelo, «solo se han registrado una o dos incidencias, de un total de 1.500 proyectos», añadieron las fuentes, por lo que confían en que el plan SOM siga la misma tendencia.

Además, antes se requería una votación por mayoría absoluta para aceptar la contratación de los trabajos, y hasta dicho momento no era posible disponer de la consignación presupuestaria. Ahora también se ha eliminado este paso.

Atajar el superávit

Otro de los objetivos que se persigue es evitar que cada año la Diputación de València cierre el ejercicio con superávits millonarios por culpa de no haber ejecutado el presupuesto a tiempo. Ahora, al acortar los tiempos, se espera que las obras entren en el mismo año financiero y aumente el grado de ejecución de las cuentas provinciales.

Precisamente de los remanentes del año anterior se nutre también el plan para 2017, según se aprobó en la junta de gobierno de la corporación de esta semana.

Con este nuevo modelo, llega también una nueva fórmula de reparto de las ayudas, en la cual se acentúan los criterios sociales como la tasa del paro o medioambientales como el Pacto de Alcaldías, según informó la institución. «Entre la diputación y la Generalitat vamos a hacer una inyección directa en vena de 75 millones de euros este año», incidió Rodríguez.

Por su parte, la vicepresidenta de la diputación, Maria Josep Amigó, recalcó que desde la nueva legislatura, el propósito es trabajar «codo con codo con los ayuntamientos y que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios y derechos».

En palabras de la vicepresidenta, la principal línea de actuación del plan es la autonomía financiera de los municipios. El siguiente paso ahora es la publicación en el BOP de las cantidades asignadas a cada municipio y que los ayuntamientos comiencen a trasladar el nombre de sus proyectos.