El retraso en el pago de las facturas de Vivers Centre Verd nos cuesta un 12% de intereses. Era prioritario haberlo pagado cuanto antes, desde el 10 de junio el juzgado instó al ayuntamiento a pagar. Más demora en el pago, más intereses. Más gasto público.
En el asunto de los PPOS (Planes Provinciales de Obras y Servicios) para Montesano se produjo una votación grotesca. El gobierno en minoría de AISAB, que proponía el punto y había decidido que esos fondos fueran para ese asunto, acabó absteniéndose porque incorporamos una enmienda adicional con dos puntos más, que contrate el Pleno y que se haga un Plan sobre conexión a la red de alcantarillado, extremo al que obliga la legislación. Al final el asunto prosperó por los votos de Plataforma GuanyemSAB Compromís y la extraña abstención del resto. De habernos abstenido no podría contratar el ayuntamiento, mejor conocedor de la zona que la Diputación.
El pleno fue cuestionado por innecesario. Si se hubiesen planificado mejor los asuntos a tratar habrían tenido cabida en plenos ordinarios anteriores. Pero cuando no se puede llegar a abarcar el gobierno pasan estas cosas y nos cuesta al erario público unos 5.000 €. Para pensar…
El Pleno no fue grabado por olvido del gobierno…
- Los 5 de Plataforma GuanyemSAB Compromís
FACTURAS DE VIVERS CENTRE VERD
Los puntos 1 y 2, del pago de las facturas de Vivers Centre Verd por trabajos realizados en 2010 y pasados a cobro con facturas de 2012 tenían poca discrepancia. Hay una sentencia que obliga a pagar. Pero el demorar el pago más allá de los 3 meses que dictaba el juzgado supone aumentar aún más los intereses, al 12%. Debiera haberse actuado con la mayor celeridad posible y no dejar pasar más de 3 meses para encauzar este asunto. Cuestión de prioridades en la gestión. ¿Resultado? Más coste por los intereses de la sentencia…
Recordamos que en su día ningún otro grupo político con representación procedió judicialmente contra estas irregularidades, salvo nosotros que lo llevamos a Fiscalía por si hubiera hechos constitutivos de delito. Como dijimos EUPV también presentó con posterioridad a nuestra denuncia un escrito que se incorporó a nuestro expediente.
Por las dudas sobre la legalidad de las facturas, emitidas 2 años después, que había expresado con buen criterio la concejala socialista en la Comisión informativa y el informe de Intervención que fiscalizaba desfavorablemente, aunque informaba favorablemente al pago de la sentencia, nuestro grupo Plataforma GuanyemSAB Compromís (5), se abstuvo.
Votación en ambos puntos: a favor AISAB (4) y PSOE (1); PP(3) se abstuvo también. Aprobados ambos puntos
ACEPTAR LA DELEGACIÓN DE LOS PPOS (Planes Provinciales de Obras y Servicios)
El asunto prosperó por los votos de Plataforma GuanyemSAB Compromís y la extraña abstención del resto:
El alcalde de AISAB es quien propone a Pleno aceptar la delegación para poder contratar las obras y su grupo acaba absteniéndose por no estar de acuerdo con el punto 3º de nuestra enmienda, control del Pleno. Aunque le parece bien el punto 4º del Plan de conexión.
La Diputación nos concede 138.715,58 € para acabar el alcantarillado de Montesano. Si el Pleno no acepta la delegación lo contrataría directamente la Diputación. A casi todos los grupos nos parecía mejor que lo contratara el Ayuntamiento y se hiciera un seguimiento cercano de la obra.
Estando de acuerdo en esto nuestro grupo propuso, y se aprobó, una enmienda adicional al texto propuesto por el gobierno de AISAB:
Enmienda:
3º.- Delegar en el Pleno la decisión sobre el resultado de la licitación de la contratación de la obra. En virtud del acuerdo de pleno de 28 de enero de 2016 sobre creación de la Junta de Contratación y sus características de objeto, composición, ponderación de voto y sustitución de la Mesa de contratación en aquellas materias que no sean competencia del Pleno, la contratación deberá tratarse en una convocatoria de la Junta de Contratación y ésta delegará su decisión a un acuerdo expreso del Pleno.
4º.- Presentar a Pleno, junto a la decisión sobre el resultado de la licitación, un Plan de actuaciones de cumplimiento de conexión a la red de saneamiento de los inmuebles afectados por la subvención, así como los plazos en los que debe realizarse dicha conexión. También un informe del grado de conexión de los inmuebles beneficiados anteriormente con este tipo de subvenciones PPOS a la red de saneamiento.
Queremos que el Pleno conozca y fiscalice la contratación ya que el gobierno no tiene la representatividad suficiente para hacerlo en nombre de la mayoría de vecinos y vecinas. Más control democrático. Y que además se haga a través de la Junta de Contratación, cuya creación se aprobó en enero con el voto favorable de PP, PSOE y Plataforma – GuanyemSAB – Compromís y el voto en contra de AISAB.
Vistas las contrataciones realizadas, sin control por parte de los grupos de la oposición y algunas de altísimo coste (alquiler de software recaudación – 57.000 € por un año- o servicio de barrederas – sobre 500.000 € por 4 años-) nos parece imprescindible que sea un órgano con representatividad proporcional a la voluntad ciudadana quien controle las contrataciones municipales para evitar decisiones unilaterales minoritarias.
Además, ya que se dedican fondos de subvención de Diputación al alcantarillado de Montesano, hay que lograr que todas las viviendas se conecten a dicha red. Así se fundamente en el informe del técnico municipal.
No hacerlo va contra la normativa actual y el Ayuntamiento es responsable de facilitar dichas conexiones. Algunos inmuebles tienen posibilidad de conexión desde hace años y aún no lo han hecho. Si alguien tiene dificultad económica para hacerlo se puede estudiar la manera de que se acometa la conexión del modo menos gravoso posible.
Pero hay que cumplir la normativa para evitar mayores contaminaciones de acuíferos y subsuelos. Y máxime cuando se destinan subvenciones públicas que no se dedican a otros fines.
Enlazamos un artículo de prensa que, aunque es de 2009, resume esta situación.
Miles de chalés de la Comunitat incumplen la normativa europea al verter aún en fosas sépticas
La Generalitat afirma que la conexión de las viviendas con el alcantarillado corresponde a los Ayuntamientos
Esos vecinos vierten sus residuos fecales en fosas sépticas, que en menor o mayor medida tienen filtraciones y causan daños en el medio ambiente. En ocasiones, resultan contaminados acuíferos usados para el consumo humano. La situación contraviene con la directriz que la Unión Europea (UE) dictó hace cerca de 20 años.
Dependiendo de determinados criterios de población y situación geográfica, la mayoría de fosas sépticas debían eliminarse entre 2000 y 2005.
La directriz europea fue refundida por cada uno de los estados miembros en las respectivas leyes orgánicas. En el caso español, y respecto a los pozos ciegos de zonas de viviendas, se dio algo más de margen, alrededor de un año de moratoria con respecto a lo que había marcado la UE. Ambos textos, sin embargo, dejaron el cabo suelto de las áreas residenciales con menos de 2.000 habitantes. En el Real Decreto 11/1995 viene determinado que las autonomías deben definir las aglomeraciones urbanas, previa consulta con los Ayuntamientos, que están sujetas a esta normativa de tratamiento de residuos.
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