El gobierno saca a licitación un software de recaudación 48 h. antes de que entre en vigor la nueva Ley de Contratos

Costará más de 200.000 € y la contratación será menos transparente

El ayuntamiento de San Antonio de Benagéber publicó el pasado día 7 de marzo la licitación de contratación de un sistema integral de gestión tributaria por un valor total de 200.000 euros.

Esto ocurrió 48 h. antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Esta decisión impedirá aplicar las garantías en materia de transparencia que aporta la nueva ley y la ausencia de políticos en el proceso de contratación.

En 2016 el Alcalde Sr. Santafosta alquiló un software inicialmente por un año, sin posibilidad de prórroga, por 70.000 €. Pero ya vamos por el tercer año y su coste no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado con otras contrataciones de asistencia tributaria por 22.000 € y con costes indirectos de personal como la alta retribución de  tesorero (el gobierno municipal buscó una persona y cubrió la plaza, pero ahora vuelve a estar vacante), auxiliares y materiales. Si le añadimos las deudas prescritas y el bajo nivel de recaudación no se aprecia ahorro con respecto al sistema de recaudación del anterior alcalde, Sr. Cañizares.

Nuestro grupo, Plataforma GuanyemSAB Compromís, ya propuso en su momento que fuera la Diputación de Valencia, como ocurre en muchos pueblos, quien se hiciera cargo de la recaudación hasta que el ayuntamiento estuviera capacitado para asumirla. El gobierno municipal rechazó esta propuesta sin embargo seguimos pensando que sería una alternativa eficaz y menos costosa.

El ayuntamiento de San Antonio publicó el 7 de marzo de 2018 la licitación de contratación del “arrendamiento de un sistema integral de gestión tributaria, inspección, tramitación de multas de tráfico y recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público”, sin contar con los grupos de la oposición y sin tener en cuenta las recomendaciones de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Estamos ante una vuelta de vuelta de tuerca más en pro del oscurantismo y métodos que evidencian la prepotencia de un gobierno municipal, que aun estando en minoría, pone en marcha una costosa licitación, con una duración que excede su mandato y sin haber negociado ni mencionado una sola palabra a los grupos de la oposición.

En 2016 el Alcalde Enrique Santafosta alquiló un software inicialmente por un año, sin posibilidad de prórroga, por 70.000 €. Pero ya vamos por el tercer año y su coste no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado con otras contrataciones de asistencia tributaria por 22.000 € y con costes indirectos de personal como tesorero, auxiliares y materiales.

Asimismo habría que cuantificar las deudas prescritas por no haberse puesto en marcha la vía ejecutiva desde que está el nuevo gobierno municipal, (desde 2011 a 2013 –periodos ya prescritos- los derechos pendientes de cobro superan el millón de euros) y el bajo porcentaje de recaudación efectuado en 2016, según informe de Intervención, “pone de manifiesto una recaudación poco eficaz”, porque “recaudar durante el ejercicio un 69,77% no es para echar las campanas al vuelo” ya que el servicio de recaudación municipal debería de llegar “como mínimo al 90 %”.

Al final, entre costes directos e indirectos e impuestos incobrados y no reclamados, no se aprecia ahorro con respecto al sistema de recaudación del anterior alcalde, Eugenio Cañizares. Resumiendo que el alquiler de este software supondrá 210.000 € para las arcas municipales en cuatro años.

Recalcamos que se trata de un alquiler, no de una compra, que puede costarnos 350.000 € entre los dos años anteriores y los cuatro futuros sólo del software. Por ese dinero hay ayuntamientos que han adquirido en propiedad ese mismo software.

Sacar la licitación pocas horas antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos supone, añade, que durante los próximos cuatro años se hipoteca el futuro de este consistorio. A recalcar que no han mediado palabra con el resto de grupos de la oposición que conforman mayoría.

Nuestro grupo, Plataforma GuanyemSAB Compromís, ya propuso en su momento que fuera la Diputación de Valencia, como ocurre en muchos pueblos, quien se hiciera cargo de la recaudación hasta que el ayuntamiento estuviera capacitado para asumirla. El gobierno municipal rechazó esta propuesta sin embargo seguimos pensando que sería una alternativa eficaz y menos costosa.

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público incorpora, entre otras novedades, aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato; reduce el margen de los contratos menores; se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos y excluye de las Mesas de contratación a los cargos públicos representativos.

Nos preguntamos ¿Por qué no se han esperado 48 h. para publicar esta licitación que con la nueva normativa mejoraría? ¿Por qué no nos han comentado nada a la oposición? ¿No hubiera sido un buen ejercicio de transparencia y buen gobierno?

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